¿Qué está pasando en el Tercer Sector?
Con respecto al fallo del Tribunal Supremo en materia de subvenciones a ONG
24 de junio de 2015
El Tribunal Supremo comunicó el pasado 9 de junio el contenido de su sentencia que declara nulo (con la estimación del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña) el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
El Tribunal Supremo estima que esta norma no respeta la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social, y que “las Administraciones Públicas no pueden alcanzar a regular, de modo completo y acabado, las subvenciones, o cualquier otra medida de fomento, a entidades privadas que realizan una actividad de asistencia social a los más necesitados, al socaire de ser designadas como “entidades colaboradoras” con la Administración”.
¿Qué supone la estimación del recurso?
La invalidación del Real Decreto 535/2013 y por tanto, la anulación de la convocatoria de subvenciones de régimen general 2015 que la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad distribuyen para el apoyo a gastos de estructura de las organizaciones.
¿A quién afecta esta decisión?
La sentencia afecta directamente a aquellas entidades declaradas colaboradoras con la Administración General del Estado y asociadas a la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y de Voluntariado (DGS Familia e Infancia) y la Subdirección General de Participación y Entidades Tuteladas (DGP Apoyo a Discapacidad): entidades del sector de la discapacidad, minorías étnicas, protección a la familia y la infancia, o atención a las persona enfermas, entre otras.
Se trata de organizaciones estatales que actúan bajo principios de solidaridad interterritorial haciendo así más eficaz su gestión. La resolución tendrá efectos en la gestión estatal de subvenciones para el mantenimiento económico del tejido asociativo de base estatal, que agrupa a 19.000 entidades en toda la geografía española y que ha supuesto una economía de escala de recursos y actuaciones.
Desde la Plataforma del Tercer Sector se estima que la decisión afecta a más del 60% de nuestro sector.
¿Cuánto dinero paraliza?
El Decreto Ley paraliza una partida presupuestaria de aproximadamente 10,5 millones de euros, de acuerdo a los datos de la convocatoria de 2014.
¿Modifica esta sentencia la distribución de los fondos obtenidos por la recaudación de la “X Solidaria”?
No, la sentencia únicamente paraliza la ejecución de los fondos provenientes del régimen de ayudas económicas destinadas a servir de fomento y de soporte al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, convocadas mediante el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio.
Además de éste, la Generalitat de Cataluña también ha interpuesto recurso al Tribunal Supremo contra el Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, es decir, el que se refiere a la distribución general del 0,7% del IRPF dedicado a fines sociales (X Solidaria). Este recurso aún se encuentra a la espera de sentencia y no conocemos cuando se producirá su resolución.
¿Fallará el Tribunal Supremo en contra del sistema de distribución actual de la asignación tributaria para fines sociales del IRPF?
Desconocemos cuál será la decisión, aunque prevemos que será favorable al respeto de la exclusividad competencial de las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social.
¿Qué está haciendo la Plataforma al respecto?
Tanto en lo que respecta a la sentencia firme que declara nulo el Real Decreto 535/2013, como en el caso del recurso abierto contra el Real Decreto 536/2013, la Plataforma está ya negociando con el Gobierno, los partidos políticos y las instituciones implicadas una solución presente y futura.
¿Cómo se puede apoyar desde las entidades?
Todas las entidades pueden colaborar manteniendo un discurso uniforme y fomentando la cohesión del sector en un momento de especial dificultad. Con este objetivo, pondremos a disposición de las organizaciones la información disponible, bien a través de comunicados y notas de prensa, o a través de nuestra página web.
DESDE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR, DEFENDEMOS:
– que la actual situación supone un grave perjuicio para 6 millones de personas en riesgo de exclusión y pobreza que han encontrado en estas entidades su última red de cobertura social y atención
– que pone en riesgo un modelo creado por el movimiento asociativo en España en los últimos 30 años, con resultados muy destacados para las personas y para la sociedad en general, sin entender de fronteras
– que las entidades del Tercer Sector son entidades colaboradoras en la ejecución de políticas públicas, a los efectos del artículo 149 de la Constitución Española
– que creemos en la gestión estatal de estos recursos en cuanto sistema que garantiza la solidaridad y equilibrio territorial y la asistencia real a las personas que más lo necesitan
– que es urgente el establecimiento de una solución por parte de Gobierno y partidos políticos a esta situación, que condiciona al sector y requiere de una acción inmediata
